Alberto Núñez Feijóo ha intensificado su ofensiva electoral en Andalucía al vincular directamente a María Jesús Montero con escándalos de corrupción del PSOE. Lo hace en plena campaña previa a las elecciones autonómicas, donde la estabilidad del gobierno de Juanma Moreno depende de la movilización de votantes clave en Córdoba, Huelva y Málaga. La acusación no es genérica: apunta a hechos judiciales concretos y a responsabilidades administrativas comprobadas.
¿Qué dice Feijóo sobre los casos de Ábalos y los ERE?
Feijóo cuestiona la capacidad de Montero para liderar Andalucía al recordar su pasado como ministra de Hacienda. Subraya su relación con Miguel Ángel Ábalos, exministro implicado en presuntas comisiones ilegales, y con los casos de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) en Andalucía, investigados por la Audiencia Nacional por desvío de 800 millones de euros.
El líder del PP no se limita a mencionar nombres. Exige transparencia: “Que se dejen de cuentos y que nos cuenten de una vez todo lo que saben”. Su mensaje apela a la credibilidad institucional, no a la mera confrontación política.
¿Por qué los ERE siguen siendo un factor electoral crítico en 2026?
Los ERE no son un capítulo cerrado. En 2026, el Tribunal Supremo sigue resolviendo recursos derivados del caso. En abril, la Sala de lo Penal confirmó penas para exaltos cargos del PSOE andaluz por prevaricación y malversación. El impacto económico fue brutal: 800 millones de euros desviados afectaron a más de 120.000 trabajadores y a 1.400 empresas.
El marco legal actual exige responsabilidad política directa. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (art. 132) y la Ley de Transparencia obligan a los cargos públicos a rendir cuentas sobre decisiones que afecten fondos públicos. Montero, como ministra de Hacienda entre 2021 y 2023, supervisaba el control financiero de los fondos europeos que, en parte, se destinaron a programas laborales andaluces.
¿Qué rol juega la justicia en esta campaña electoral?
Feijóo exige “menos ataques a los jueces y más colaboración con la justicia”. Es una crítica directa a declaraciones públicas de dirigentes socialistas que, en 2025, cuestionaron la imparcialidad del Tribunal Supremo tras sentencias contra exmiembros del partido.
Este discurso resuena en un contexto de creciente desconfianza ciudadana: el 68 % de los andaluces considera que la justicia actúa con lentitud o parcialidad, según el Barómetro del CIS de marzo de 2026. La credibilidad del sistema judicial es, por tanto, un activo político tangible.
¿Cuál es el impacto económico real de estos escándalos hoy?
Los ERE no solo dejaron una huella judicial. Generaron un efecto reputacional negativo para la inversión privada en Andalucía. Según datos de la Cámara de Comercio de Sevilla, la captación de inversión extranjera directa cayó un 22 % entre 2020 y 2023. Empresas tecnológicas y logísticas postergaron proyectos por “incertidumbre regulatoria y falta de transparencia en la gestión pública”.
Además, el déficit estructural de la sanidad andaluza —que Feijóo atribuye a malas prácticas presupuestarias— ha obligado a reasignar 1.200 millones de euros desde 2022 para cubrir brechas en atención primaria y urgencias.
Datos Clave
- Los ERE desviaron 800 millones de euros entre 2005 y 2012, según sentencia del Tribunal Supremo.
- 120.000 trabajadores se vieron afectados directamente por la irregular gestión de los fondos.
- La inversión extranjera directa en Andalucía cayó un 22 % tras la reapertura judicial del caso en 2024.
- El Tribunal Supremo ha confirmado 17 condenas entre 2024 y 2026 relacionadas con los ERE.
- La Ley de Transparencia exige a los cargos públicos explicar decisiones sobre fondos superiores a 100.000 euros.
El marco práctico: ¿qué puede exigir un ciudadano hoy?
Cualquier andaluz puede solicitar información sobre contratos públicos relacionados con los ERE mediante la Plataforma de Transparencia de la Junta de Andalucía. También puede presentar alegaciones ante la Comisión de Control de Fondos Europeos, creada en 2025 por el Gobierno central para auditar el uso de ayudas postpandémicas.
La campaña de Feijóo no es solo retórica. Se sustenta en sentencias judiciales, datos económicos y mecanismos legales activos. Su mensaje apunta a una exigencia ciudadana real: transparencia ejecutiva, no solo discursiva.
