En una oficina de Ginebra, Reem Alsalem revisa por tercera vez el informe que desató una tormenta: su crítica a políticas que sustituyen el sexo por la identidad de género en normas internacionales. Mientras, en Nueva York, António Guterres recibe una carta firmada por más de 70 organizaciones feministas de 18 países. No es una queja ordinaria. Es una denuncia formal contra Bibiana Aído, directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, por supuesta difamación institucional y uso indebido de documentos internos.
Bibiana Aído enfrenta denuncia formal ante el secretario general de la ONU
La denuncia, presentada este miércoles 22 de julio de 2026, acusa a Aído de haber difundido un informe interno no público para desacreditar el trabajo de Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra la mujer. Las organizaciones sostienen que ese documento omitió deliberadamente reuniones clave de Alsalem con colectivos feministas, expertas en derechos humanos y defensoras trans en Argentina, Chile y Colombia. En su lugar, se destacó una supuesta vinculación de la relatora con movimientos «antigénero», término que las denunciantes califican como estigmatizante y sin base fáctica.
Las organizaciones exigen una investigación independiente
Las firmantes —entre ellas Red Latinoamericana de Feminismos Críticos, Plataforma de Mujeres por la Igualdad Jurídica (España) y Red de Abogadas por los Derechos Sexuales (Brasil)— piden al secretario general que active un mecanismo de revisión ética dentro de ONU Mujeres. No buscan sanciones inmediatas, sino transparencia: acceso al informe original, identificación de quiénes lo redactaron y cómo se validó su contenido. Subrayan que la acción de Aído no es un desliz administrativo, sino un precedente peligroso: la instrumentalización de instancias internacionales para silenciar críticas legítimas sobre el giro normativo en materia de género.
Antecedentes: el debate jurídico sobre sexo e identidad
El conflicto se enraíza en un cambio profundo en el discurso institucional. Desde 2023, ONU Mujeres ha priorizado la categoría de «identidad de género» como eje central de sus guías técnicas para Estados miembros. Las denunciantes argumentan que esto socava el fundamento jurídico del Convenio de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, donde el sexo —como categoría biológica y socialmente construida— es la base de la protección contra la violencia machista y la discriminación estructural.
El impacto real en las mujeres afectadas
En una clínica de Montevideo, una mujer trans de 42 años denuncia que su solicitud de refugio por persecución por orientación sexual fue rechazada porque las autoridades locales aplicaron criterios de identidad de género sin considerar su condición de mujer y los riesgos específicos que enfrenta. En Bogotá, una red de abogadas reporta un aumento del 38 % en casos donde jueces ignoran pruebas de violencia machista al priorizar la autoidentificación sobre el contexto de opresión de género. Estos no son anécdotas aisladas: son consecuencias directas de la desarticulación entre categoría jurídica y realidad material.
Las organizaciones denuncian una estrategia sistemática de deslegitimación
El documento presentado ante António Guterres no se limita a cuestionar una acción aislada. Detalla una estrategia recurrente: la exclusión de voces críticas de espacios técnicos, la redefinición de términos clave sin consulta amplia y la asociación de disenso con «ideologías nocivas». Las firmantes citan al menos tres ocasiones en 2025 donde Aído presidió reuniones en las que se desestimaron aportaciones de expertas en derechos de las mujeres por considerarlas «no alineadas con el enfoque actual de la entidad».
Marco legal aplicable
La denuncia invoca el Artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas, que obliga a los organismos especializados a actuar con imparcialidad y respeto a los derechos humanos universales. También apela al Código de Ética de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso indebido de información confidencial y exige integridad en la representación institucional. Además, recuerda que la Resolución 69/167 de la Asamblea General exige transparencia en los procesos de evaluación de relatores especiales.
Claves del asunto
- Más de 70 organizaciones feministas de América Latina y Europa presentaron la denuncia formal ante António Guterres.
- Acusan a Bibiana Aído de difundir un informe interno para desacreditar a la relatora Reem Alsalem, omitiendo sus reuniones con colectivos y expertas.
- Critican que ONU Mujeres priorice la identidad de género sobre el sexo como categoría protegida, lo que consideran una erosión de principios jurídicos clave.
- Exigen una investigación independiente y alertan sobre el riesgo de que grupos con agendas específicas sustituyan el sexo por la identidad de género en el derecho internacional.
