El ICE está deportando a ciudadanos ucranianos que residían legalmente en Estados Unidos, muchos con estatus de refugiados o permisos temporales. Al regresar a Ucrania, son reclutados de inmediato por el ejército, incluso con patologías graves o tras años de ausencia. Esta práctica ha generado alertas humanitarias y jurídicas internacionales.
¿Qué está ocurriendo con los ucranianos deportados por el ICE?
El ICE (Immigration and Customs Enforcement) ha intensificado las redadas y deportaciones bajo la nueva política migratoria de la administración Trump. No se excluyen ciudadanos de países en conflicto. Desde 2025, más de 180 ucranianos han sido devueltos forzosamente a su país.
Estos retornos no son voluntarios ni coordinados con autoridades ucranianas. Muchos carecen de documentación actualizada, vivienda o redes de apoyo. El ejército ucraniano los incorpora en menos de 72 horas tras su llegada.
El fin del programa ‘Unidos por Ucrania’
El programa Unidos por Ucrania, lanzado en 2022, otorgaba permisos de estadía temporal (parole) por dos años. En 2025, el Departamento de Seguridad Nacional denegó la prórroga a más del 62 % de las solicitudes. Sin renovación, los beneficiarios pasaron a situación irregular.
Esto los convirtió en objetivos prioritarios para el ICE, pese a su condición de refugiados de guerra.
¿Es legal deportar a ciudadanos de un país en guerra?
La Convención de Ginebra prohíbe devolver a personas a zonas de conflicto armado si enfrentan riesgo de daño grave. EE.UU. es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.
Sin embargo, el gobierno estadounidense argumenta que los ucranianos no tienen estatus de refugiado formal, sino parole humanitario, que no otorga protección contra la devolución.
La brecha entre derecho internacional y práctica migratoria
El parole no es un estatus migratorio permanente. No genera derecho a asilo ni a residencia. Esto permite al ICE actuar sin revisión judicial previa en muchos casos. La Corte Suprema aún no ha resuelto si su uso masivo viola el principio de non-refoulement.
¿Cuál es el impacto económico y humanitario de estas deportaciones?
Cada deportación cuesta al gobierno estadounidense entre 12.000 y 18.000 dólares. Pero el costo humano es mayor: familias separadas, menores sin tutores legales y veteranos de la diáspora reclutados sin evaluación médica.
Ucrania ha movilizado a más de 40.000 ciudadanos del exterior desde 2025. El 37 % de ellos no había vivido en el país desde antes de 2014.
El rol de las ONG y la presión diplomática
Organizaciones como Human Rights Watch y la ACNUR han emitido informes conjuntos exigiendo una suspensión inmediata de las deportaciones. La UE ha instado a Washington a reevaluar su postura, aunque sin sanciones vinculantes.
¿Qué opciones legales quedan para los ucranianos en EE.UU.?
Los afectados pueden presentar apelaciones ante los tribunales de inmigración, pero el 89 % de los recursos se desestiman por falta de pruebas médicas o documentales. La asistencia jurídica gratuita es escasa: solo el 14 % accede a abogados especializados.
Cambios recientes en la normativa
En marzo de 2026, el Congreso aprobó una enmienda al Ukraine Emergency Relief Act que permite solicitar estatus de protección temporal (TPS). Pero su aplicación es retroactiva solo para quienes entraron antes del 1 de enero de 2025.
- Más de 180 ucranianos deportados desde enero de 2025
- El 73 % fue reclutado en menos de 3 días tras su regreso
- El 41 % presenta diagnósticos médicos que impiden el servicio militar
- Solo el 9 % contaba con asesoría legal previa a la detención
- El programa ‘Unidos por Ucrania’ expiró para el 62 % de los beneficiarios en 2025
Datos Clave
- El ICE no distingue entre delitos graves y faltas administrativas al procesar deportaciones
- Ucrania no exige servicio militar a ciudadanos residentes en el extranjero, pero sí lo aplica tras el retorno forzoso
- La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito ha emitido órdenes provisionales contra tres deportaciones, citando riesgo de violación del derecho internacional
- El Departamento de Estado estadounidense no ofrece asistencia consular a deportados por el ICE
- La UE financia programas de reasentamiento alternativo en Polonia y Rumanía, pero con cupos limitados
El marco legal actual deja a miles de ucranianos en una zona gris: ni refugiados reconocidos, ni migrantes regulares. Su situación refleja una fractura entre la retórica de apoyo humanitario y las prácticas de control fronterizo. La presión económica, diplomática y ética sobre Washington sigue creciendo. Las próximas decisiones judiciales definirán si el parole sigue siendo un puente o se convierte en una trampa.
