El sol de la tarde caía oblicuo sobre la explanada del Congreso cuando Alberto Núñez Feijóo cerró su rueda de prensa con una frase que resonó en los pasillos del poder: «No se puede gobernar con la credibilidad erosionada y la moral en bancarrota». Fue el 22 de julio de 2026, y el presidente del PP no dejó espacio para ambigüedades.
Feijóo calificó la legislatura de Pedro Sánchez como «la más escandalosa de la democracia», citando una veintena de casos bajo investigación, pero reservó su mayor contundencia para el caso Zapatero. Según el líder popular, este no es un episodio aislado, sino «la punta del iceberg de una connivencia sistémica entre poder político y prácticas ilegales».
El caso Zapatero es el símbolo de una gestión desgastada
El exministro de Defensa José Bono y el exsecretario de Estado de Defensa Javier Zarzalejos ya están imputados. Pero Feijóo puso el foco en José Antonio Zapatero, hermano del expresidente del Gobierno, cuya empresa recibió contratos públicos por 12,7 millones de euros entre 2022 y 2025 sin licitación pública. La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntas adjudicaciones directas en el ámbito de la defensa cibernética y mantenimiento de infraestructuras militares.
Según documentos judiciales filtrados a El Confidencial, al menos tres de esos contratos fueron firmados tras reuniones en el Ministerio de Defensa, con la presencia de altos cargos del Gobierno actual. Feijóo aseguró que «no se trata de sospechas, sino de hechos probados en actas y correos electrónicos».
La oposición exige reformas urgentes en vivienda y justicia
En paralelo, el PSOE y Sumar anunciaron en directo un acuerdo para prorrogar los alquileres hasta julio de 2028, una medida que Feijóo calificó de «parche populista que ignora la raíz del problema: la falta de oferta y la especulación». El líder del PP presentó su propia propuesta: un plan de 200.000 viviendas protegidas en cinco años, con exenciones fiscales para promotores que construyan en zonas con déficit crónico, como Navarra y País Vasco, donde el precio medio del alquiler subió un 34 % desde 2023.
Antecedentes del caso Zapatero
El caso se remonta a 2022, cuando la Intervención General de la Administración del Estado detectó irregularidades en la contratación de servicios de ciberseguridad para el Ejército de Tierra. La empresa de Zapatero, CyberShield SL, no figuraba en el registro de proveedores habilitados. Aun así, obtuvo tres contratos mediante «adjudicación por urgencia», figura que la Ley de Contratos del Sector Público limita a situaciones excepcionales —como emergencias reales— y no a la falta de planificación.
El PP propone endurecer penas y blindar la transparencia
Feijóo anunció que su grupo parlamentario presentará una iniciativa para reformar el Código Penal, con penas de hasta 25 años para agresores sexuales reincidentes y la creación de un «registro público de incompatibilidades» para cargos públicos. También propuso una reforma del Estatuto de los Trabajadores para sancionar con multas de hasta 250.000 euros a empresas que mantengan trabajadores en situación de «pago en negro», práctica que, según la Seguridad Social, afecta a más de 420.000 personas en 2026.
Marco legal aplicable
El caso Zapatero se investiga bajo los artículos 404 y 409 del Código Penal (prevaricación y tráfico de influencias), además de la Ley de Transparencia y la Ley de Contratos del Sector Público. La Fiscalía Anticorrupción tiene competencia exclusiva, y el juez instructor ya ha requerido documentación al Ministerio de Defensa, al Tribunal de Cuentas y a la Agencia Tributaria.
Las consecuencias reales para los ciudadanos
Mientras los tribunales avanzan, familias como la de Vicente y Maribel, que viven en una autocaravana en Lugo tras perder su piso por impago, ven cómo la crisis de vivienda se agrava. En 2026, el número de desahucios por impago de alquiler creció un 22 % respecto a 2025, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Y en el campo, Miquel Guarro, agricultor de 82 años en Lleida, denuncia que «los subsidios llegan tarde y los trámites son una selva burocrática».
Claves del asunto
- El caso Zapatero involucra 12,7 millones de euros en contratos públicos sin licitación.
- Feijóo vincula el caso con una «gestión política agotada» y acusa al Gobierno de complicidad.
- El PP propone reformas en vivienda, justicia y transparencia, con penas más duras y controles fiscales reforzados.
- La Fiscalía Anticorrupción investiga bajo los artículos 404 y 409 del Código Penal y la Ley de Contratos del Sector Público.
