El aire en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa se volvió denso alrededor de las 14:10 horas. La ministra portavoz Elma Saiz repitió, con voz firme pero sin mirar a cámara: «Seguimos creyendo en su inocencia». Hablaba de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ahora imputado en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en el rescate público a la aerolínea Plus Ultra.
El caso no es nuevo, pero cobró urgencia tras las declaraciones del empresario Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, socio histórico de Zapatero. En su testimonio ante la Fiscalía, Martínez afirmó que el exjefe del Ejecutivo actuó como mediador clave en la concesión de 53 millones de euros del Estado a la compañía aérea en plena crisis de la pandemia. No aportó pruebas documentales, pero su nombre apareció como nexo entre el Gobierno y los accionistas de Plus Ultra.
El Gobierno mantiene su apoyo institucional a Zapatero
A pesar de la imputación, el Ejecutivo no ha retirado su respaldo público. Elma Saiz, en su intervención oficial, subrayó que el préstamo se aprobó «conforme a la legalidad vigente» y rechazó entrar en valoraciones sobre resoluciones judiciales en curso. El Ministerio de Hacienda y el de Transportes certificaron entonces la viabilidad del plan de reestructuración de Plus Ultra, aunque hoy se cuestiona la transparencia del proceso de evaluación.
La defensa del Gobierno insiste en que el rescate se enmarcó en el Real Decreto-ley 8/2020, que habilitó ayudas excepcionales a sectores estratégicos. Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas de 2023 señaló «falta de justificación objetiva» en la selección de Plus Ultra frente a otras aerolíneas con mayor volumen de operaciones y empleo.
Julito vincula a Zapatero con el canal de gestión del rescate
Julio Martínez Martínez no es un nombre menor en los círculos empresariales españoles. Su grupo controlaba el 32 % de Plus Ultra hasta 2021. En su declaración, reconoció haber mantenido «varias reuniones informales» con Zapatero entre marzo y junio de 2020. Según Martínez, el ex presidente «facilitó el acceso a altos cargos del Ministerio de Transportes y presionó para acelerar la evaluación del expediente».
No hay constancia de que Zapatero firmara ningún documento ni interviniera formalmente en el Consejo de Ministros que aprobó el crédito. Pero su influencia informal, según fuentes cercanas al caso, habría sido determinante para que el expediente pasara de la Dirección General de Aviación Civil al despacho del ministro. El Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Contratos del Sector Público exigen trazabilidad absoluta en estos procesos. Hasta la fecha, no se ha hecho pública la cadena de autorizaciones internas.
Antecedentes del rescate a Plus Ultra
Plus Ultra nació en 2013 como una aerolínea de bajo coste con enfoque en rutas a Latinoamérica. En 2020, su facturación cayó un 87 % y acumulaba deuda de Hacienda por 14,2 millones de euros, según datos del Registro Mercantil. El rescate incluyó 38 millones en préstamos participativos y 15 millones en avales estatales. La compañía no devolvió ni un euro del préstamo principal y fue intervenida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en 2022 por incumplimientos técnicos.
Yolanda Díaz pide explicaciones y respeta la justicia
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, adoptó una postura distinta. En una comparecencia en el Congreso, afirmó: «Respetamos el trabajo de los tribunales, pero también la inquietud ciudadana. Zapatero debe dar explicaciones claras sobre su papel». Su declaración rompió la unidad de discurso del Gobierno y evidenció tensiones internas en la coalición.
El caso ha reavivado el debate sobre la revolución hídrica de la ética institucional: ¿hasta qué punto la influencia personal de ex altos cargos debe estar sujeta a control democrático? La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Incompatibilidades no regulan expresamente el rol de mediación informal, pero sí exigen transparencia en los contactos con la Administración.
Marco legal aplicable
La investigación se sustenta en los artículos 432 y 433 del Código Penal (prevaricación y tráfico de influencias), además de la Ley 19/2013 de Transparencia. El juez de la Audiencia Nacional investiga si se vulneró el principio de igualdad de oportunidades entre empresas solicitantes de ayudas públicas.
Claves del asunto
- José Luis Rodríguez Zapatero está imputado en la Audiencia Nacional, no procesado ni condenado.
- El empresario Julio Martínez Martínez declaró que Zapatero actuó como mediador en el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra.
- El Gobierno insiste en que el préstamo se ajustó a la legalidad vigente, pero el Tribunal de Cuentas detectó «falta de justificación objetiva».
- Yolanda Díaz rompió la unidad del Ejecutivo al exigir explicaciones públicas, mientras Elma Saiz reafirmó la confianza institucional.
- El caso pone en el centro el vacío normativo sobre la influencia informal de ex altos cargos en decisiones públicas.
La ciudadanía observa. Los tribunales avanzan. Y el Gobierno, con los pies en la legalidad y los ojos en la confianza, intenta mantener el equilibrio entre lealtad política y rendición de cuentas.
