La puerta de la Audiencia Nacional se abrió a las 8:12 horas. José Luis Rodríguez Zapatero bajó de un vehículo negro, sin mirar a las cámaras, con el rostro tenso y una carpeta de cuero en la mano. Detrás de él, un silencio denso, roto solo por el clic metálico de los obturadores. Nunca antes en la democracia española un expresidente del Gobierno había entrado allí como investigado.
Zapatero es el primer expresidente investigado por corrupción en la democracia
La comparecencia marca un punto de inflexión institucional. El juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, lo citó tras una investigación de 14 meses que vincula a una red de asesores, empresarios y exaltos cargos con presuntas comisiones ilegales por influencia en contratos públicos. Zapatero no está acusado de recibir dinero directo, pero sí de liderar, según la resolución judicial, una estructura de intermediación que operaba desde su despacho privado en Madrid.
El magistrado ha acumulado indicios sobre al menos siete contratos públicos valorados en más de 217 millones de euros, en los que habrían intervenido empresas vinculadas a socios cercanos del expresidente. Tres de esos contratos se adjudicaron durante su segundo mandato, entre 2008 y 2011, y otros cuatro tras su salida del Gobierno, entre 2012 y 2024.
La caja fuerte con 79 joyas valoradas en 1,3 millones de euros
Durante la declaración, el juez Calama insistió en interrogar a Zapatero sobre una caja fuerte hallada en su despacho profesional. Allí se encontraron 79 piezas de joyería: relojes de lujo, pulseras de platino, collares con piedras preciosas. La tasación oficial, realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), fija su valor en 1,3 millones de euros. El expresidente alegó que eran regalos de “amigos y colaboradores”, pero no aportó documentación que respalde su origen lícito.
La Fiscalía Anticorrupción ya solicitó la incautación de los objetos y abrió una línea paralela de investigación por posible blanqueo de capitales. El juez rechazó la petición de aplazar esta parte del interrogatorio, subrayando que “la posesión de bienes desproporcionados respecto a los ingresos declarados constituye un indicio grave de delito”.
Antecedentes del caso Plus Ultra
El caso Plus Ultra nació en 2024, tras una denuncia anónima que señalaba a una consultora con sede en Madrid y oficinas en Bruselas. La empresa, registrada bajo el nombre Plus Ultra Consulting SL, facturó más de 48 millones de euros entre 2019 y 2025 a entidades públicas y fondos europeos gestionados por ministerios. Sus socios tenían vínculos documentados con excolaboradores de Zapatero, incluido su exjefe de gabinete y un exdirector general de Política Territorial.
En los registros realizados en 2025, la Policía Judicial halló correos electrónicos en los que se mencionaba al expresidente como “garante de acceso” y “referencia estratégica” para negociaciones con administraciones autonómicas y europeas.
Marco legal aplicable
El juez Calama actúa bajo el artículo 430 del Código Penal, que castiga la corrupción entre particulares y funcionarios, y el artículo 305, relativo al blanqueo de capitales. También se investiga la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública, tras detectar discrepancias entre los ingresos declarados por Zapatero entre 2015 y 2024 y los movimientos bancarios registrados en cuentas vinculadas a sociedades offshore.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los expresidentes gozan de inmunidad limitada: no están exentos de responsabilidad penal por hechos ajenos al ejercicio de sus funciones oficiales. El Tribunal Supremo ya ratificó este criterio en 2023, al rechazar la nulidad de una imputación similar contra un exministro.
La declaración no es un juicio, pero sí un punto de inflexión institucional
Zapatero compareció sin abogado defensor presente en la sala, aunque su equipo jurídico sí lo hizo en la fase previa. El expresidente ejerció su derecho a no contestar a varias preguntas sobre el origen de las joyas y sobre reuniones con empresarios investigados. Sin embargo, sí reconoció haber mantenido “contactos habituales” con algunos de ellos, “en el marco de su actividad profesional como consultor internacional”.
Esta distinción es clave: su defensa insiste en que su labor posterior al Gobierno se enmarca en la libertad de ejercicio profesional, no en la intermediación ilegal. Pero el juez Calama ha señalado que “la mera condición de expresidente no exime de la obligación de transparencia cuando se ejerce influencia sobre decisiones públicas”.
Las consecuencias reales para la confianza ciudadana
Más allá del proceso judicial, el caso afecta directamente a la percepción de la élite política. Una encuesta de GAD3 publicada el 15 de junio revela que el 68 % de los ciudadanos considera que la imputación de Zapatero confirma la existencia de redes de privilegio. Solo el 12 % cree que se trata de una “persecución política”.
En los barrios de Madrid y Barcelona, vecinos consultados por este medio expresaron desconcierto, no indignación. “No me sorprende —dijo una maestra de Usera—. Lo que me preocupa es que nadie haya revisado antes esas facturas, esos contratos, esos regalos.”
Claves del asunto
- José Luis Calama es el juez instructor del caso Plus Ultra, en la Audiencia Nacional.
- Se investigan 79 joyas valoradas en 1,3 millones de euros, halladas en el despacho de Zapatero.
- El caso involucra 217 millones de euros en contratos públicos vinculados a empresas de la red investigada.
- Zapatero es el primer expresidente en declarar como investigado por corrupción en la democracia española.
- La Fiscalía Anticorrupción ya solicitó la incautación de los bienes y abrió una investigación paralela por blanqueo.
La declaración de este miércoles no cierra el caso. El juez tiene previsto citar a otros 11 testigos clave en las próximas tres semanas, entre ellos dos exministros y un alto cargo de la Comisión Europea. Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial ha activado un protocolo de revisión ética para evaluar si se requieren medidas adicionales sobre la transparencia de los cargos públicos tras su cese.
