El sol de la mañana del 21 de julio de 2026 iluminaba la fachada de la Audiencia Nacional cuando Julio Martínez Martínez, conocido como ‘Julito’, bajó de un vehículo blindado y caminó con paso firme hacia la sala del juez José Luis Calama. Llevaba consigo documentos que, según fuentes judiciales, contienen confesiones clave sobre pagos falsos, informes inexistentes y la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
El testimonio no es un mero capítulo más de una investigación larga: es el detonante de una crisis política de primer orden. El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una presión sin precedentes tras las declaraciones, que vinculan directamente a un expresidente del Gobierno con operaciones opacas en una compañía aérea en quiebra. El impacto ya se siente en Moncloa: reuniones de emergencia, cambios en la agenda institucional y un silencio inusual en las redes oficiales del PSOE.
Las confesiones de ‘Julito’ Martínez rompen el silencio institucional
Martínez, exdirector de operaciones de Plus Ultra, no solo reconoció haber autorizado pagos por 1,8 millones de euros a empresas fantasma. Detalló ante el juez Calama cómo esos fondos se destinaron a encubrir servicios de asesoría política prestados por Zapatero, sin contratos formales ni facturación real. Uno de los pagos, de 420.000 euros, fue registrado como ‘informe estratégico sobre movilidad aérea sostenible’, aunque ningún documento de ese tipo fue entregado ni archivado.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado la ampliación de la investigación para incluir al exmandatario. El juez Calama ha acordado citar a tres testigos más: un exdirector financiero de Plus Ultra, un consultor de Bruselas vinculado a Zapatero y un funcionario de Hacienda que validó las facturas falsas como gastos deducibles.
El Gobierno de Sánchez se reorganiza bajo presión judicial
Mientras tanto, en La Moncloa, el equipo de comunicación ha emitido un comunicado genérico: ‘El Gobierno respeta la independencia judicial y confía en la labor de los órganos competentes’. Pero tras bambalinas, el nerviosismo es palpable. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, canceló su viaje a Lisboa. El vicepresidente segundo, Yolanda Díaz, adelantó su intervención en el Congreso para abordar ‘la estabilidad institucional’.
Fuentes del PSOE confirman que se ha activado un protocolo interno de ‘gestión de daños’, con reuniones diarias del gabinete de crisis liderado por el secretario de Estado para la Agenda 2030, Pilar Alegría. El escenario más temido: que las declaraciones de Martínez desencadenen una moción de censura impulsada por el PP y Vox, que ya han anunciado que presentarán una iniciativa parlamentaria para exigir la comparecencia de Sánchez.
Antecedentes del caso Plus Ultra
Plus Ultra, fundada en 2017, recibió en 2023 un rescate público de 120 millones de euros gestionado por el Ministerio de Transportes. La aerolínea, que operaba rutas a América Latina, acumulaba pérdidas desde 2021. En marzo de 2024, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denunció irregularidades en su contabilidad. En mayo de 2025, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional descubrió una red de facturación falsa que involucraba a 11 sociedades pantalla.
El papel del CGPJ y la tensión institucional
En paralelo, el Consejo General del Poder Judicial analiza hoy cinco quejas contra el juez Juan Carlos Peinado, incluida una presentada por el ministro Félix Bolaños, por supuestas irregularidades en el ‘caso Begoña Gómez’. Aunque el asunto es distinto, su coincidencia temporal con el caso Plus Ultra refuerza la percepción de una crisis de confianza en la independencia judicial. El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado que las declaraciones del magistrado sobre sus escoltas ‘minan la autoridad del Estado’.
El PP califica las confesiones como ‘dinamita política’
El portavoz del PP, Cuca Gamarra, declaró esta mañana en rueda de prensa: ‘Cada palabra de Martínez es una sentencia para el Gobierno. Si Zapatero actuó como consultor no declarado, Sánchez no puede seguir ignorando su responsabilidad política’. El partido ya ha presentado una solicitud formal ante la Comisión de Investigación del Congreso para que se examine el ‘uso indebido de fondos públicos en rescates empresariales’.
Claves del asunto
- Julio Martínez Martínez declaró ante el juez José Luis Calama tras reconocer pagos falsos por 1,8 millones de euros.
- Las confesiones vinculan a José Luis Rodríguez Zapatero con servicios no facturados ni documentados para Plus Ultra.
- El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta presión creciente tras la filtración de un informe interno que reconoce ‘fallos en el control del rescate’.
- El CGPJ examina cinco quejas contra el juez Juan Carlos Peinado, en un contexto de tensión institucional creciente.
- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación para incluir responsabilidades penales directas.
La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, exige que los contratos con cargos públicos anteriores se publiquen en el Portal de Transparencia. Hasta la fecha, ningún contrato entre Zapatero y Plus Ultra figura en el registro. La Ley de Contratos del Sector Público prohíbe expresamente la contratación sin concurso ni justificación técnica. Si se acredita que los informes eran ficticios, se activaría el artículo 286 del Código Penal: delito de fraude a la Administración.
Para los ciudadanos, el caso va más allá de lo judicial: es una prueba de fuego para la credibilidad del sistema. Un agricultor de Aragón, afectado por los incendios del verano y con deudas pendientes con Hacienda, dijo ayer en una entrevista en Huesca: ‘Si un expresidente cobra por nada, ¿qué vale mi esfuerzo?’. La respuesta ya no depende solo de los tribunales.
