Un médico de atención primaria en Málaga firma tres bajas consecutivas en una semana sin revisar el historial clínico del paciente. En una planta de automoción de Vigo, el 18% de la plantilla está de baja por estrés laboral. Y en una oficina de Valladolid, una trabajadora lleva 14 meses de incapacidad temporal sin que ninguna autoridad sanitaria ni laboral haya validado su evolución clínica. Estos no son casos aislados: son síntomas de un sistema de gestión de bajas laborales fracturado, según advierte el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en su intervención en San Lorenzo de El Escorial.
El absentismo laboral es un problema estructural, no individual
Escrivá no habla de malas prácticas aisladas. Habla de un desfase institucional crónico: la Seguridad Social soporta el 92% del gasto por bajas, pero no decide quién se da de baja ni por cuánto tiempo. Esa competencia recae en los servicios de salud autonómicos, cuyos protocolos, tiempos de respuesta y criterios diagnósticos varían entre las 17 comunidades. El resultado es una brecha de coordinación que el Banco de España califica de «muy grave».
En 2025, el absentismo laboral alcanzó el 5,8% de las jornadas trabajadas, la cifra más alta de la última década y superior en 2,3 puntos al promedio de la UE-27, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Eso equivale a más de 120 millones de jornadas perdidas al año, con un coste estimado de 7.400 millones de euros para las arcas públicas.
La mala distribución de competencias alimenta la ineficiencia
Antecedentes del desajuste institucional
La Ley General de la Seguridad Social atribuye a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de las bajas por contingencias comunes. Pero desde 2012, las comunidades autónomas asumieron la responsabilidad clínica de la evaluación médica inicial. El sistema no se diseñó para funcionar con dos jefes: uno que paga y otro que certifica.
Escrivá subraya que esta división no es técnica, sino política: «No hay un protocolo nacional unificado para valorar una baja por ansiedad, fibromialgia o síndrome de burnout. Lo que en Asturias se considera un caso leve, en Cataluña puede derivarse a una unidad especializada».
El papel crítico de las mutuas
El gobernador insiste en que las mutuas deben recuperar capacidad de intervención clínica temprana. No para sustituir a los médicos de cabecera, sino para garantizar la coherencia entre diagnóstico, tratamiento y retorno laboral. Actualmente, solo el 12% de las bajas superiores a 30 días son revisadas por equipos multidisciplinares de las mutuas, según la Inspección de Trabajo.
El debate político oculta el problema real
Mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, califica el absentismo como un «cáncer que no podemos pagar», el Gobierno responde con acusaciones de desprotección. Pero ambos discursos evaden el núcleo del problema: no se trata de reducir bajas, sino de mejorar su calidad y su gestión.
La ministra de Trabajo, Elma Saiz, ha criticado las propuestas del PP sobre recortes en derechos laborales, recordando que en 2024 su partido planteó limitar las bajas por cáncer. Sin embargo, ni el Gobierno ni la oposición han presentado un plan concreto para reformar la coordinación entre la Seguridad Social y las consejerías de Salud.
Las consecuencias reales para los trabajadores y las empresas
El absentismo no es solo un indicador macroeconómico. Es una señal de alarma para la salud laboral. En el sector servicios, el 63% de las bajas superiores a 60 días están vinculadas a trastornos psicológicos. En la industria, el 41% corresponden a lesiones musculoesqueléticas evitables con prevención adecuada.
Empresas medianas de Castilla y León reportan un aumento del 37% en costes indirectos por absentismo: contratación de interinos, pérdida de productividad y rotación forzada. Al mismo tiempo, trabajadores en baja prolongada denuncian la falta de seguimiento clínico y la indefensión ante procesos de incapacidad.
Claves del asunto
- El 5,8% de absentismo laboral en España es el más alto de la UE-27 y supera en 2,3 puntos el promedio comunitario.
- La Seguridad Social asume el 92% del gasto, pero las comunidades autónomas deciden el 100% de las bajas médicas.
- Solo el 12% de las bajas largas son revisadas por equipos multidisciplinares de las mutuas.
- El Banco de España ha alertado dos años consecutivos sobre el crecimiento «muy fuerte» del absentismo como riesgo para la competitividad.
- No existe un protocolo nacional unificado para valorar bajas por trastornos psicosociales o crónicos.
El marco legal aplicable —Ley General de la Seguridad Social, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Estatuto de los Trabajadores— no resuelve la fragmentación operativa. La reforma pendiente no es de normas, sino de gobernanza: un sistema que priorice la salud del trabajador, la sostenibilidad del sistema y la eficiencia empresarial, no la contabilidad de las bajas.
