La Xunta de Galicia ha activado una nueva línea de ayudas económicas con 2 millones de euros para impulsar la adquisición de vivienda protegida y la rehabilitación de inmuebles en centros históricos. El 75 % del presupuesto —1,5 millones— va destinado a vivienda protegida. El resto, 500.000 euros, apoya la compra de viviendas en zonas con valor patrimonial. Estas ayudas entran en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
¿Quiénes pueden acceder a las ayudas de la Xunta para vivienda?
Los beneficiarios deben cumplir requisitos objetivos: ingresos máximos anuales, residencia efectiva en Galicia y no ser propietarios de otra vivienda en España. Se prioriza a jóvenes menores de 35 años, familias numerosas y personas con discapacidad. La solicitud requiere certificación de la Agencia Tributaria y acreditación de solvencia financiera.
Requisitos específicos para centros históricos
Para acceder a los 500.000 euros destinados a centros históricos, la vivienda debe estar incluida en el Catálogo de Bienes de Interés Cultural (BIC) o en un Conjunto Histórico declarado. Además, el inmueble debe destinarse a vivienda habitual y permanente, no a uso turístico ni vacacional. Es obligatorio presentar un proyecto técnico de rehabilitación aprobado por la Dirección Xeral de Patrimonio.
¿Cuál es el importe máximo de las ayudas?
El límite por beneficiario es de 30.000 euros, aplicable tanto a vivienda protegida como a inmuebles en centros históricos. El importe se otorga como subvención no reintegrable, condicionada a la finalización de la escritura de compraventa y la inscripción registral. No se acumula con otras ayudas estatales para la misma finalidad, salvo excepciones expresamente autorizadas por la Consellería de Vivienda.
Compatibilidad con deducciones fiscales
Estas ayudas son compatibles con la deducción por vivienda habitual en la declaración de la Renta, siempre que no se haya aplicado la subvención para gastos deducibles (como obras o tasas registrales). No afectan al cálculo de la base imponible del IRPF, según criterio de la Agencia Tributaria.
¿Cómo se solicitan y cuándo empieza el plazo?
La convocatoria se publicará próximamente en el DOG. El plazo de presentación se abrirá 10 días hábiles después y tendrá una duración mínima de un mes. La solicitud se tramita exclusivamente de forma telemática, mediante Cl@ve o certificado digital. Se requiere adjuntar: documento de identidad, certificado de empadronamiento, informe de solvencia bancaria y, en caso de centros históricos, informe técnico de la Xunta.
Plazos y seguimiento administrativo
La resolución se notificará en un máximo de tres meses desde la finalización del plazo de solicitud. Los expedientes incompletos se archivarán sin posibilidad de subsanación. La Xunta publicará una lista provisional de beneficiarios en su portal web, con un periodo de alegaciones de 10 días.
¿Qué impacto económico y legal tienen estas ayudas?
Estas medidas responden al Plan Estratégico de Vivienda de Galicia 2023–2030, alineado con la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios. Desde el punto de vista económico, se estima que cada euro invertido generará 2,3 euros en actividad local (rehabilitación, empleo en construcción, servicios técnicos). Legalmente, se enmarcan en la Ley 2/2016 de Vivienda de Galicia y cumplen con el Reglamento (UE) 651/2014 sobre ayudas de minimis.
Datos Clave
- Presupuesto total: 2 millones de euros
- Ayudas para vivienda protegida: 1,5 millones
- Ayudas para centros históricos: 500.000 euros
- Importe máximo por beneficiario: 30.000 euros
- Plazo de solicitud: Mínimo 30 días tras publicación en DOG
- Requisito clave para centros históricos: Destino a vivienda habitual y proyecto técnico aprobado
El anuncio refleja una apuesta clara por la rehabilitación sostenible, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. Galicia suma así a las ayudas estatales del Plan Estatal de Vivienda 2022–2025, reforzando su rol como referente en políticas habitacionales con enfoque patrimonial y ecológico. La Xunta también vincula estas subvenciones al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (acción por el clima), al exigir certificados de eficiencia energética mínima clase C para las viviendas rehabilitadas.
