El conflicto entre taxis de A Coruña y Culleredo en el aeropuerto de Alvedro ha escalado tras el cierre del aeropuerto de Santiago. Ahora, los conductores coruñeses operan en el aeródromo bajo un acuerdo temporal. Pero los taxistas locales denuncian intrusiones. La tensión afecta la movilidad aérea regional y pone en duda la aplicación de la Ley de Transportes Terrestres y la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT).
¿Qué establece la normativa sobre la competencia entre taxis de distintos municipios?
La LOTT y el Real Decreto 1193/2022 regulan el acceso y ejercicio de la actividad de taxi. Establecen que el servicio debe prestarse dentro del ámbito territorial autorizado. Sin embargo, permiten excepciones para aeropuertos y estaciones intermunicipales mediante acuerdos entre ayuntamientos.
El acuerdo entre A Coruña y Culleredo se basa en esa excepción. Pero carece de publicidad oficial ni resolución administrativa vinculante. Eso debilita su validez jurídica.
¿Puede un ayuntamiento imponer prioridad a sus taxis en un aeropuerto de otro municipio?
No. El aeropuerto de Alvedro está en Culleredo, por lo tanto, su ordenanza municipal rige el acceso. La Ley de Bases del Régimen Local exige que cualquier acuerdo intermunicipal se formalice por escrito y se publique en el Boletín Oficial. Hasta ahora, no hay constancia de ello.
La prioridad local no es un privilegio automático. Depende de la concesión administrativa, no de la ubicación del domicilio del conductor.
¿Cómo afecta este conflicto al usuario y al sector?
Los pasajeros enfrentan incertidumbre: ¿quién los recoge? ¿qué tarifa aplica? ¿qué ocurre si hay reclamaciones? La falta de coordinación genera duplicidad de servicios y riesgo de sobrecarga en zonas de espera.
Económicamente, el aeropuerto de Alvedro ha visto crecer su tráfico un 37 % desde el cierre de Santiago. Eso eleva la demanda de transporte, pero también la presión sobre los ingresos de los taxistas locales, cuyos ingresos medios cayeron un 12 % en 2025 según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
¿Qué dice la jurisprudencia sobre conflictos similares?
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ya resolvió en 2023 un caso análogo en el puerto de Vigo. Sentenció que la prestación de servicios en otro municipio requiere autorización expresa y no puede basarse en acuerdos verbales o circulares internas. El fallo reafirmó el principio de igualdad de acceso y la prohibición de discriminación territorial.
¿Qué soluciones legales existen para evitar la escalada?
La solución no pasa por vetos ni por movilizaciones. Requiere un plan de movilidad intermunicipal coordinado por la Xunta de Galicia, con participación de los ayuntamientos y las asociaciones de taxistas.
El Plan Estratégico de Transporte de Galicia 2030 prevé la creación de una bolsa única de vehículos autorizados para aeropuertos y estaciones. Pero su implementación se ha retrasado por falta de financiación y consenso político.
¿Qué pueden hacer los taxistas afectados?
- Presentar alegaciones ante la Dirección General de Transportes de la Xunta.
- Solicitar la publicación del acuerdo en el DOG (Diario Oficial de Galicia).
- Denunciar prácticas abusivas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Datos Clave
- El aeropuerto de Alvedro recibió 427.000 pasajeros en 2025 (+37 % vs. 2024).
- El 68 % de los viajes en taxi desde Alvedro tienen origen o destino en A Coruña.
- No existe resolución administrativa que regule el acceso de taxis foráneos al aeródromo.
- La Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres prohíbe la prestación de servicios sin autorización expresa en otro municipio.
- El TSJG ha anulado tres acuerdos similares entre 2022 y 2025 por falta de transparencia y base legal.
El conflicto no es solo local. Es un test de gobernabilidad en movilidad compartida. Mientras no se aplique la normativa con rigor, los usuarios y los profesionales seguirán pagando el precio de la improvisación.
