Los hijos de Donald Trump, Eric Trump y Donald Jr., tienen participación accionarial en Powerus, empresa especializada en drones interceptores para defensa aérea. Esta vinculación ha generado alertas éticas y legales en medio de la escalada militar en el Estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos y sus aliados enfrentan ataques atribuidos a Irán.
Powerus ha realizado demostraciones técnicas en países del Golfo Pérsico, ofreciendo soluciones contra amenazas aéreas no tripuladas. Su tecnología se posiciona como respuesta directa a los drones y misiles utilizados en la región. Sin embargo, la simultaneidad entre su actividad comercial y las decisiones geopolíticas de la Administración estadounidense activa mecanismos de control ético exigidos por la Ley de Ética Gubernamental de EE.UU..
¿Qué relación existe entre Powerus y las decisiones de seguridad nacional de EE.UU.?
La empresa no forma parte de contratos federales directos. Pero su mercado objetivo —países aliados que adquieren armamento con financiación estadounidense— está profundamente entrelazado con la política exterior de Washington. Cualquier decisión de apoyo militar o autorización de exportación de tecnología defensiva puede influir directamente en los ingresos de Powerus.
Esto activa el concepto de conflicto de interés percibido, incluso sin violación formal de la ley. La Oficina de Ética Pública (OGE) exige transparencia en inversiones de familiares cercanos de altos funcionarios. Aunque los Trump no ocupan cargos oficiales, su influencia pública y sus vínculos con actores del sector de defensa generan riesgos reputacionales y regulatorios.
¿Qué dice la normativa sobre inversiones de familiares de líderes políticos?
En Estados Unidos, la Ley de Ética Gubernamental de 1978 y sus enmiendas exigen divulgación obligatoria de activos y actividades comerciales de funcionarios y sus cónyuges. Los hijos adultos no están sujetos a esa obligación, pero sí a escrutinio bajo el Estándar de Conducta para Funcionarios Públicos, que prohíbe aprovechar la posición oficial para beneficio privado.
Además, la Ley de Control de Exportaciones de Armas (ITAR) regula la venta de tecnología militar a terceros países. Powerus opera bajo licencias de la Dirección de Control de Comercio de Defensa (DDTC). Cualquier irregularidad en su cumplimiento podría derivar en sanciones civiles o penales.
¿Cómo afecta esto al mercado de defensa global?
- Powerus forma parte de una tendencia de privatización acelerada del sector defensa, donde empresas emergentes compiten con contratistas tradicionales como Lockheed Martin o Raytheon.
- Su modelo de negocio depende de la percepción de amenaza regional, lo que vincula su rentabilidad con la estabilidad geopolítica.
- La inversión de figuras públicas en este tipo de empresas puede distorsionar la competencia y erosionar la confianza en la neutralidad de las políticas de seguridad.
¿Qué impacto económico tiene esta vinculación?
El mercado global de drones militares superará los 30.000 millones de dólares en 2026, según datos de la Defense Intelligence Agency (DIA). Powerus opera en un nicho de alta especialización: interceptores anti-dron, cuya demanda ha crecido un 215 % desde 2022 en el Golfo.
Los ingresos de la empresa no son públicos, pero su valoración se ha multiplicado tras las demostraciones en Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Esto beneficia directamente a sus accionistas, incluidos los Trump. No hay evidencia de que hayan intervenido en decisiones oficiales, pero sí de que su inversión se ha valorizado paralelamente a la escalada en el Estrecho de Ormuz.
¿Qué dice la opinión pública y los medios de control?
- Medios como The Washington Post y Reuters han documentado la falta de divulgación completa de los activos de los Trump en informes financieros de 2023 y 2024.
- El Centro para la Responsabilidad Ética y el Gobierno Abierto (CREW) ha solicitado una investigación formal ante la OGE.
- Expertos en ética gubernamental advierten que este caso ejemplifica la “zona gris” entre actividad privada legítima y aprovechamiento indirecto del poder político.
Datos Clave
- Powerus no tiene contratos directos con el Departamento de Defensa de EE.UU.
- Sus drones han sido probados en Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.
- Eric y Donald Jr. Trump invirtieron en Powerus en 2022, antes de la escalada actual en el Golfo.
- La empresa opera bajo licencia ITAR, sujeta a revisión anual por la DDTC.
- No existe sanción legal vigente contra los Trump, pero sí múltiples denuncias éticas pendientes.
El caso Powerus no es un aislado. Refleja una transformación sistémica: la convergencia entre influencia política, capital privado y seguridad nacional. En un contexto de tensión regional creciente y presión por modernizar las defensas aéreas, la transparencia en los intereses económicos de actores clave deja de ser un detalle técnico. Se convierte en un pilar de la gobernanza democrática y en un factor crítico para la credibilidad de las alianzas estratégicas. La economía de la defensa ya no se mide solo en presupuestos oficiales, sino también en redes de inversión que operan al margen del escrutinio parlamentario.
