España es el quinto país más endeudado de la Unión Europea, con una deuda pública del 100,7% del PIB en 2025. A pesar de un crecimiento económico superior a la media de la eurozona, el nivel de apalancamiento sigue lejos del 60% exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto genera riesgos fiscales reales ante volatilidad financiera, cambios en las tasas de interés o presiones de los mercados. La Autoridad Fiscal ya advirtió que las ayudas energéticas podrían incumplir las reglas europeas.
¿Por qué España sigue siendo el quinto país más endeudado de la UE?
La deuda pública española alcanzó 1,698 billones de euros en 2025. Eso representa una ligera caída de solo 0,9 puntos respecto a 2024. El ajuste es insuficiente para revertir décadas de déficit acumulado y gasto estructural elevado.
El crecimiento económico —que duplica la media de la eurozona— no compensa el ritmo lento de reducción de la deuda. Los ingresos fiscales no han crecido lo suficiente para absorber el peso del pasivo. Además, el gasto público en transferencias y subsidios se ha mantenido alto, especialmente en sectores como energía y vivienda.
¿Qué países superan a España en deuda pública?
Solo cuatro Estados miembros registran ratios superiores: Grecia (146,1% del PIB), Italia (137,1%), Francia (115,6%) y Bélgica (107,9%). Todos ellos enfrentan desafíos fiscales similares, pero con distintos márgenes de maniobra. Italia, por ejemplo, soporta una carga de intereses mucho mayor por su perfil de vencimientos. Francia mantiene una mayor capacidad de emisión gracias a su calificación crediticia.
España, en cambio, opera con una vulnerabilidad estructural: su deuda es mayoritariamente en euros, pero su capacidad de crecimiento fiscal es limitada por la rigidez del gasto social y la baja productividad en sectores clave.
¿Qué dice el marco legal europeo sobre esta situación?
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento exige un límite del 60% de deuda sobre el PIB. España no lo cumple desde 2010. Aunque la Comisión Europea ha aplicado flexibilidad por la crisis sanitaria y energética, el margen se estrecha. En 2026, se reactiva el procedimiento por déficit excesivo para países con deuda persistente.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió que las ayudas energéticas del Gobierno de Pedro Sánchez carecen de mecanismos de retirada automática. Eso las convierte en gasto estructural no sostenible bajo las reglas de la UE.
¿Cuál es el impacto económico real de esta deuda?
El costo oculto del apalancamiento
Cada punto porcentual de deuda adicional implica unos 10.000 millones de euros anuales en intereses si las tasas suben 100 puntos básicos. En 2025, el servicio de la deuda consumió el 3,2% del PIB —más que la inversión pública en I+D.
Presión sobre el gasto social
El aumento del gasto en intereses limita el margen para financiar pensiones, sanidad o educación. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social sigue en mínimos históricos, y su reconstitución depende de superávit fiscales que no se materializan.
Riesgo de contagio financiero
España comparte moneda con países con mayor riesgo soberano. Si los mercados revalúan el riesgo de Italia o Grecia, los bonos españoles sufren presión automática. Eso eleva los costes de financiación y reduce la inversión privada.
Datos Clave
- La deuda pública española es del 100,7% del PIB en 2025, según Eurostat.
- Solo Grecia, Italia, Francia y Bélgica tienen ratios superiores en la UE.
- El déficit público se redujo al 2,4% del PIB, pero no compensa el volumen de deuda acumulada.
- La AIReF advirtió que las ayudas energéticas podrían vulnerar las reglas fiscales europeas.
- La eurozona registró una deuda media del 87,8% del PIB a finales de 2025.
- Países como Estonia (24,1%) y Luxemburgo (26,5%) mantienen niveles de deuda muy por debajo del umbral europeo.
