Un sol abrasador iluminaba la plaza de San Pablo en Valladolid. Banderas rojas y amarillas ondeaban entre gritos de ‘¡Convenio ya!’ y ‘¡No al bloqueo!’ mientras 9.300 trabajadores de Iberdrola, muchos con chalecos reflectantes aún manchados de aceite y polvo de subestación, levantaban los puños bajo un cielo que, según ellos, ya no refleja la estabilidad que prometió la empresa.
La huelga nacional del viernes 19 de junio de 2026 no fue una protesta aislada. Fue el grito colectivo de una plantilla que lleva 16 meses sin convenio colectivo, pese a haber iniciado las negociaciones en enero de 2025. UGT y CC.OO. denunciaron que el clima laboral es “nefasto”, y que los mensajes internos del antiguo CEO de Iberdrola en España, Mario Ruiz Tagle, ya advertían de tensiones profundas antes de su salida.
El convenio está paralizado desde hace más de un año
No hay acuerdo, no hay avances, y tampoco hay fecha para retomar la mesa de negociación. Las centrales sindicales aseguran que Iberdrola ha mantenido una postura “inflexible” en puntos clave: retribución variable, movilidad funcional, y garantías frente a la externalización de servicios técnicos. En Castilla y León, donde operan más de 1.200 empleados directos, el descontento se ha acentuado por la falta de claridad en los planes de transición energética: muchos temen que sus puestos se diluyan bajo el nombre de ‘eficiencia’.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmó recientemente que las encuestas de clima laboral son “satisfactorias”. UGT y CC.OO. respondieron con datos: en la última encuesta interna de 2025, el 68 % de los trabajadores calificó su relación con la dirección como “poco o nada colaborativa”. Nadie en la plaza de San Pablo llevaba copia impresa de esa encuesta. Pero sí llevaban recortes de nómina, mensajes de WhatsApp de compañeros despedidos por ‘reestructuración’, y copias de la circular del 12 de marzo de 2026 donde la empresa anunciaba la suspensión temporal de la negociación “por falta de consenso”.
La dirección prioriza resultados sobre derechos laborales
Iberdrola cerró 2025 con un beneficio neto de 4.200 millones de euros, un 12 % más que el año anterior. Mientras, el salario medio de los técnicos de mantenimiento en España se ha estancado en 28.400 euros brutos anuales desde 2023. En el mismo periodo, el índice de precios al consumo subió un 14,7 %. “No pedimos más que lo que la ley exige y lo que el sector paga”, dijo una delegada de CC.OO. en Valladolid, con el brazalete sindical desgastado por el uso. “Pedimos que se respete el Estatuto de los Trabajadores y el Acuerdo Marco Europeo sobre Diálogo Social”.
El marco legal es claro: el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores establece que, vencido un convenio, sus condiciones se mantienen automáticamente hasta la firma del nuevo. Pero la práctica ha derivado en una situación de incertidumbre: sin convenio, no hay garantías sobre turnos, horas extraordinarias ni criterios objetivos para ascensos. En algunas delegaciones, los trabajadores han recibido correos informales con “nuevas directrices operativas” que, según los sindicatos, vulneran cláusulas tácitas del convenio anterior.
Antecedentes: de la promesa verde al desgaste interno
Iberdrola se ha posicionado como líder en transición energética. Invierte en parques eólicos en Castilla-La Mancha, en hidrógeno verde en Andalucía y en redes inteligentes en Galicia. Pero esa hoja de ruta no ha ido acompañada de una estrategia paralela de renovación del modelo laboral. Desde 2022, la empresa ha externalizado el 32 % de los servicios de mantenimiento de líneas aéreas, según datos de la Inspección de Trabajo. En 2025, despidió a 147 trabajadores de planta bajo el amparo del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por “reorganización estratégica”.
El papel de los sindicatos y la presión institucional
UGT y CC.OO. han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por incumplimiento del deber de negociación. También han solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que aún no ha emitido resolución. En el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una pregunta escrita sobre “la situación de los convenios colectivos en empresas del sector energético”, pendiente de respuesta.
La huelga es un síntoma del desgaste del modelo energético español
Más allá de Iberdrola, el conflicto refleja una tensión creciente en el sector: mientras las empresas anuncian récords de inversión verde, sus plantillas denuncian precariedad, sobrecarga y falta de participación en los planes de transformación. En Endesa y Naturgy, los convenios también llevan más de un año sin cerrar. En el caso de Iberdrola, el retraso supera ya el doble del tiempo medio de negociación en el sector eléctrico, que es de 7,8 meses según el Observatorio de Relaciones Laborales del MITMA.
Claves del asunto
- 9.300 trabajadores participaron en la huelga nacional del 19 de junio de 2026.
- El convenio colectivo lleva 16 meses bloqueado, desde enero de 2025.
- Iberdrola obtuvo 4.200 millones de euros de beneficio neto en 2025.
- El 68 % de los empleados calificó su relación con la dirección como “poco o nada colaborativa”.
- La Inspección de Trabajo investiga una denuncia por incumplimiento del deber de negociación.
¿Qué sigue?
Las centrales sindicales han advertido que, de no haber avances antes del 15 de julio, convocarán una segunda jornada de huelga y ampliarán la movilización a sedes corporativas en Madrid y Bilbao. Mientras tanto, los trabajadores siguen revisando sus nóminas, ajustando sus hipotecas y preguntándose, como dijo un técnico de León frente a las cámaras: “¿Qué transición energética construimos si no hay transición laboral?”.
