El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu despegó este domingo 26 de julio de 2026 desde Tel Aviv rumbo a Washington D.C., con una misión explícita: coordinar con Donald Trump una ofensiva diplomática y política contra la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI lo acusa formalmente de crímenes de guerra por su responsabilidad en la escalada de muertes civiles y destrucción sistemática en Gaza desde octubre de 2023.
La noticia se conoció tras una reunión urgente en la Knesset, donde Netanyahu calificó al tribunal de «instrumento corrupto y peligroso para la justicia global». Horas antes del vuelo, el primer ministro selló un acuerdo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para impulsar una campaña multilateral que cuestione su legitimidad, congelación de fondos y presión sobre Estados miembros.
Netanyahu y Trump unen fuerzas contra la CPI
La alianza entre Netanyahu y Trump no es nueva, pero adquiere una dimensión sin precedentes tras la emisión de la orden de arresto provisional por la CPI el 21 de julio. El tribunal, con sede en La Haya, fundamentó su decisión en pruebas de ataques indiscriminados, bloqueo humanitario y destrucción de infraestructura civil esencial.
Trump, que ya había calificado a la CPI de «tribunal ilegítimo» en 2024, reafirmó su respaldo sin condiciones. En un comunicado emitido desde Mar-a-Lago, el expresidente aseguró: «Ningún líder aliado será sometido a juicios políticos disfrazados de justicia». Su administración ya ha iniciado gestiones para retirar el apoyo financiero estadounidense a organismos que colaboren con la CPI.
El alcalde de Nueva York pide detención, pero carece de competencia
Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, emitió una declaración inusual: pidió a Trump que «detenga a Netanyahu durante su visita a la ONU». La petición surgió tras conocerse que el primer ministro israelí participará en la Asamblea General en septiembre, y que Nueva York es jurisdicción donde la CPI podría solicitar su detención si el país reconociera su competencia.
Sin embargo, expertos en derecho internacional subrayan que la ciudad de Nueva York carece de autoridad legal para ejecutar órdenes de la CPI, ya que Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma. Además, el Departamento de Justicia federal ha descartado cualquier acción contra Netanyahu, reiterando que «no existe base legal ni política para su arresto en suelo estadounidense».
La CPI enfrenta presión sin precedentes
La ofensiva contra la CPI no se limita a declaraciones. Estados Unidos, Israel y una coalición de 12 países aliados ya presentaron una moción ante la Asamblea de Estados Partes para suspender la investigación sobre Gaza. La moción invoca «falta de jurisdicción territorial» y «interferencia en soberanía nacional».
Pero el fiscal de la CPI, Karim Khan, rechazó la iniciativa y recordó que la Corte actúa bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y con base en el Estatuto de Roma, ratificado por 124 Estados. «No negociamos la justicia con poderes políticos», afirmó Khan en una rueda de prensa en La Haya.
Antecedentes legales y marco normativo
La CPI fue creada en 2002 tras la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Aunque Estados Unidos nunca lo ratificó, sí reconoce su competencia en casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los Estados no pueden o no quieren investigarlos. Gaza, como territorio palestino, accedió a la jurisdicción de la CPI en 2015.
La acusación contra Netanyahu se basa en 17 informes de comisiones de la ONU, testimonios de 212 testigos y análisis satelitales de 85.000 hectáreas afectadas por bombardeos y desplazamientos forzados.
Consecuencias para los afectados en Gaza
Más de 2,3 millones de personas siguen desplazadas en Gaza. Según la OCHA, el 92 % de la población carece de acceso a agua potable y el 78 % no recibe atención médica básica. La CPI señala que estas condiciones no son colaterales, sino resultado de una política deliberada de asfixia.
Familias como la de Aisha Al-Masri, madre de cinco niños en Rafah, viven en refugios improvisados sin electricidad ni medicinas. «No pedimos venganza. Pedimos que alguien detenga lo que está pasando», dijo a periodistas de la redacción en una llamada desde un campamento de emergencia.
La diplomacia se convierte en campo de batalla jurídico
La visita de Netanyahu a Washington marca un punto de inflexión: por primera vez, un Estado acusado ante la CPI moviliza una alianza geopolítica para deslegitimar al tribunal desde dentro del sistema internacional. Expertos en derecho internacional advierten que esto podría erosionar décadas de avances en justicia transnacional.
El profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense, Javier Márquez, explica: «Si se normaliza la impunidad mediante la presión política, no solo se afecta a Gaza. Se debilita el sistema que protege a ucranianos, sudaneses o congoleños».
Claves del asunto
- La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza el 21 de julio de 2026.
- Netanyahu viaja a Washington para coordinar con Donald Trump una ofensiva diplomática contra la CPI.
- El alcalde de Nueva York pidió su detención, pero carece de competencia legal: Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma.
- La CPI fundamenta su acusación en pruebas de bloqueo humanitario, ataques a hospitales y desplazamiento forzado de 2,3 millones de personas.
- Una coalición de 12 países presenta una moción para suspender la investigación, pero el fiscal Karim Khan rechaza cualquier interferencia política.
